Ejecutivo envía sexta ley urgente para fortalecer a Fuerzas Armadas y Policía

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional su sexto proyecto de ley con carácter económico urgente. La propuesta busca establecer un régimen de incentivos tributarios y facilitar donaciones destinadas al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Redacción Catomedia 

Según el texto enviado, la medida pretende reforzar las capacidades materiales y operativas de las fuerzas del orden, consideradas esenciales para la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado.

Contenido de la propuesta

El proyecto está compuesto por cuatro artículos, una disposición reformatoria, dos generales, una transitoria, una derogatoria y una final. Se plantean tres objetivos centrales:

1. Canalizar recursos que complementen la inversión pública y optimicen el uso de fondos estatales.

2. Crear incentivos tributarios para que contribuyentes nacionales colaboren en el financiamiento de actividades de seguridad.

3. Establecer un marco legal transparente para la administración y rendición de cuentas de donaciones.

Entre las disposiciones, se incluye la posibilidad de que las fuerzas del orden reciban donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, provenientes tanto de contribuyentes nacionales como de organismos internacionales.

Incentivos y rebajas tributarias

La propuesta contempla que las donaciones nacionales otorguen una rebaja en el impuesto a la renta del período fiscal correspondiente. Esta deducción tendrá un límite del 30 % del impuesto causado, sin opción a devolución.

Los equipos o suministros donados deberán ser nuevos y en condiciones óptimas de uso; los productos perecibles no serán considerados dentro de este beneficio.

El beneficio se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2025, en el momento en que la ley entre en vigencia.

Trámite legislativo

Al tratarse de una ley económica urgente, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para tramitarla en dos debates. De no aprobarse o archivarse en ese tiempo, el proyecto entrará automáticamente en vigencia.