Organizaciones sociales definen acciones frente a la Ley de Integridad Pública

 


Redacción Catomedia

Las organizaciones sindicales y sociales del país mantienen su postura de rechazo a la Ley Orgánica de Integridad Pública, al considerar que contiene disposiciones inconstitucionales. En ese marco, este sábado 16 de agosto se desarrolló en Quito la Convención Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares, donde se debatió una hoja de ruta para los próximos meses.

Audiencia en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional (CC) tiene previsto instalar el 27 de agosto una audiencia para analizar las demandas de inconstitucionalidad contra esta norma. La diligencia fue diferida por decisión del juez José Luis Terán, lo que amplió el margen de acción de los colectivos para definir estrategias.

Posible marcha nacional

En la cita de este sábado se discutió la posibilidad de convocar a una marcha nacional el 11 de septiembre, aunque los dirigentes aclararon que la fecha y el tipo de acción se resolverán de forma definitiva en los próximos días.
“En septiembre vamos a salir a las calles para defender la democracia y rechazar la política neoliberal del actual Gobierno”, señaló José Villavicencio, de la Unión General de Trabajadores.

Unidad de sectores sociales

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), remarcó que se analizan tanto las acciones judiciales como las de movilización, en busca de una articulación más amplia.
“Esta unidad va creciendo porque hay un descontento general contra un Gobierno autoritario que pretende eliminar derechos de trabajadores y derechos humanos. No se trata de protagonismos, sino de la lucha de la gente”, afirmó.

El dirigente agregó que, hasta el momento, alrededor de 20 organizaciones forman parte del bloque unitario, entre ellas colectivos campesinos. La Conaie también fue invitada, aunque sus dirigentes mantienen un debate interno sobre su participación.

Llamado al presidente Noboa

Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe cuestionó que el Ejecutivo presione a la CC en defensa de leyes que —dijo— no cumplen con la Constitución.
“El presidente Daniel Noboa tiene que dar la cara al país y asistir a la audiencia. No importa si es presencial o virtual, lo correcto en un Estado de derecho es que defienda los cuerpos jurídicos que él mismo impulsó”, expresó.

Quishpe recordó que la UNE decidió trasladar su plantón previsto para el 18 de agosto al mismo 27 de agosto, en los exteriores de la Corte.

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