Noboa lidera marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a suspensión de sus leyes

Redacción Catomedia 

El presidente de la República, Daniel Noboa, lidera este martes 12 de agosto una movilización hacia la sede de la Corte Constitucional (CC) en Quito, tras la suspensión temporal de varios artículos de sus leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública.

La marcha, convocada por el propio mandatario, partió desde el puente del Guambra, en el centro norte de la capital, y recorre la avenida Patria, la avenida 6 de Diciembre y la calle Lizardo García, hasta llegar al edificio de la CC.

Noboa justificó la protesta como una defensa del trabajo y la seguridad:

“No permitiremos que quienes se oponen al trabajo, a la seguridad y a la paz nos tiren abajo leyes que fueron hechas para derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza”, señaló.

El jefe de Estado invocó el artículo 1 de la Constitución, que establece que “el poder máximo lo tiene el pueblo”, y criticó que “nueve personas entronadas, que ni siquiera quieran aparecer en foto”, bloqueen normas que, según él, podrían reforzar la seguridad ciudadana.

“El martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”, afirmó.

El ministro del Interior, John Reimberg, también cuestionó el fallo y acusó a los jueces constitucionales de actuar “en contra de los ecuatorianos” y de restar herramientas al Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

“Si la Corte tiene temor, abra la puerta, despídase y retírese”, dijo, tras sugerir revisar el proceso de designación de los magistrados.

Entre las disposiciones suspendidas de la Ley Orgánica de Inteligencia están las que facultaban a agentes encubiertos a usar identidades falsas y al sistema nacional de inteligencia a solicitar información a operadoras telefónicas y otras entidades.

En la Ley de Solidaridad, quedó en pausa el artículo que otorgaba al presidente la figura de “indulto anticipado” para policías y militares procesados por delitos cometidos durante un estado de “conflicto armado interno”.

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