Ministra Rovira califica a la Corte Constitucional como "enemiga de la ciudadanía" y lanza advertencia sobre consulta popular

Redacción Catomedia

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, emitió duras críticas este martes 6 de agosto contra la Corte Constitucional (CC), a la que calificó como un “organismo enemigo de la ciudadanía”, tras la decisión del alto tribunal de suspender provisionalmente artículos de tres leyes clave impulsadas por el presidente Daniel Noboa.

Durante una rueda de prensa, Rovira aseguró que la resolución de la Corte afecta directamente a la ciudadanía y a las fuerzas del orden, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “La Corte le ha dado la espalda a la ciudadanía. Es evidente que algunos jueces actúan guiados por intereses particulares, lo cual no contribuye al bienestar de la población”, afirmó.

La funcionaria fue más allá al acusar a los magistrados de la CC de tener “agendas propias” que, en su criterio, perjudican al país. También defendió la legalidad y legitimidad de las tres normas suspendidas, subrayando que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y están dirigidas a romper las cadenas de las mafias que operan en Ecuador.

“Para las víctimas es vida o muerte. Para la Corte, son estadísticas. La gente quiere instituciones que protejan”, sentenció Rovira.

Llamado a la Corte ante consulta popular

En este contexto, la ministra también se refirió a la nueva consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que contiene siete preguntas enfocadas en reformas estructurales, incluyendo una que busca someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político.

Rovira anunció que entre hoy y mañana se enviarán oficialmente las preguntas a la Corte Constitucional para su revisión y pidió al organismo que no bloquee el proceso.

“Esperamos que la Corte sea sensible al dolor ciudadano y no le dé la espalda a quienes exigen seguridad y justicia”, enfatizó.

La sexta pregunta de la consulta plantea si los jueces de la Corte Constitucional deberían ser considerados autoridades sujetas a juicio político, una propuesta que ha generado polémica entre juristas y defensores de la independencia judicial.

La tensión entre el Gobierno y la Corte se intensifica en momentos en que el país atraviesa una crisis de seguridad y se debaten reformas clave para enfrentar al crimen organizado.