Renuncias tras auditorías revelan posibles irregularidades en contratos de Celec

 Ministra de Energía reacciona a informes de Contraloría

Redacción Catomedia

La ministra de Energía, Inés Manzano, se pronunció públicamente tras la divulgación de los informes de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre los contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Estas contrataciones se llevaron a cabo durante el periodo en que el país enfrentó prolongados apagones eléctricos.

Mediante su cuenta en la red social X, Manzano afirmó que el informe sobre Progen aún es provisional, mientras que el correspondiente a Austral es ya definitivo. Sin embargo, en ambos casos se detectaron indicios de responsabilidad penal por parte de varios funcionarios vinculados a la gestión de estos contratos.

En sus declaraciones, la ministra enfatizó que quienes resulten implicados deberán “defenderse con los recursos que la ley establece”, dejando claro que el proceso seguirá su cauce legal sin privilegios.

Posteriormente, durante una entrevista concedida a TC Televisión, Manzano confirmó que dos altos funcionarios presentaron sus renuncias tras la difusión de estas auditorías, aunque se abstuvo de revelar sus identidades, por respeto al principio de presunción de inocencia. "Estamos hablando de altos cargos", sostuvo.

Contexto: contratos polémicos en medio de crisis energética

Los contratos con Progen y Austral se firmaron en un contexto crítico para el sistema eléctrico nacional, en medio de apagones que afectaron la estabilidad del suministro y el bienestar de la población. Celec, como ente encargado de la generación eléctrica estatal, buscó soluciones rápidas para aumentar la capacidad de producción mediante la adquisición e instalación de generadores termoeléctricos.

Sin embargo, la Contraloría detectó irregularidades que han puesto en entredicho la legalidad y transparencia de esos acuerdos, motivando auditorías detalladas para esclarecer responsabilidades y posibles daños al Estado.

Informe definitivo revela perjuicios en contrato con Austral

El pasado martes 15 de julio, el contralor general, Mauricio Torres, dio a conocer que la auditoría al contrato entre Celec y Austral Technical Management (ATM) evidenció un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano. Este contrato, firmado con la empresa de origen uruguayo, tenía como objetivo la compra, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres con capacidades entre 90 y 150 MW, destinados a la planta ubicada en la provincia de Esmeraldas.

La Contraloría detalló que los equipos entregados por Austral no eran nuevos, sino que habían estado en uso en otro país desde 2016, contraviniendo las cláusulas contractuales que exigían maquinaria nueva o con garantías específicas de funcionamiento óptimo.

Esta irregularidad, junto a otras deficiencias detectadas en la ejecución y supervisión del contrato, ha sido calificada como un perjuicio al patrimonio público, y podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios involucrados.

Contrato con Progen bajo investigación: informe provisional y arbitraje en curso

Por su parte, el contrato con la empresa estadounidense Progen, destinada a la generación de electricidad en las plantas de Salitral y Quevedo, aún está bajo revisión, ya que la Contraloría mantiene vigente un informe provisional, con un documento final que será presentado el viernes 18 de julio, según confirmó Mauricio Torres en una entrevista con Teleamazonas.

El caso Progen también ha estado marcado por numerosos incumplimientos e irregularidades. Celec notificó formalmente la terminación del contrato debido a fallas reiteradas en los compromisos asumidos por la empresa, como retrasos en la entrega, deficiencias técnicas y falta de cumplimiento en los plazos pactados.

Frente a la cancelación del contrato, Progen solicitó un arbitraje de emergencia para intentar revertir la decisión y mantener vigentes sus acuerdos con el Estado ecuatoriano. No obstante, el árbitro rechazó dicha solicitud porque la empresa no pudo demostrar el cumplimiento de los requisitos legales para aplicar las medidas cautelares. Además, el tribunal consideró que “el plazo contractual fue ampliamente superado” y que la expectativa de culminación propuesta por Progen era incompatible con la naturaleza urgente del contrato.

Implicaciones legales y administrativas para funcionarios y empresa

Las auditorías y resultados preliminares indican que existen posibles responsabilidades penales para varios funcionarios de alto rango que participaron en la contratación, supervisión y seguimiento de estos contratos. La ministra Manzano enfatizó que los involucrados deberán enfrentar las investigaciones y responder ante la justicia.

Si se confirman los hallazgos de la Contraloría, podrían imponerse sanciones administrativas, inhabilitaciones y procesos penales, además de exigir la reparación del daño causado al Estado. La investigación avanza con la colaboración de diversas instituciones, incluyendo la Fiscalía General y la Procuraduría.

Reacciones oficiales y consecuencias políticas

La revelación de estas irregularidades ha generado preocupación y críticas en diferentes sectores políticos y sociales, pues refleja problemas estructurales en la gestión pública y en la transparencia de los procesos contractuales del Estado.

La renuncia de dos funcionarios de alto nivel tras estos hallazgos representa un intento de la administración de limpiar la gestión y demostrar un compromiso con la ética pública y la lucha contra la corrupción.

No obstante, la población y diversos sectores demandan que se continúe con rigurosidad en las investigaciones y que se sancione a todos los responsables, sin importar su jerarquía o influencia.

Contraloría refuerza su rol fiscalizador en la crisis energética

La intervención de la Contraloría General ha sido clave para identificar las irregularidades en contratos estratégicos durante uno de los momentos más críticos para el sector eléctrico ecuatoriano. Su trabajo de auditoría y control busca evitar que recursos públicos sean malversados o gestionados de forma ineficiente.

El contralor Mauricio Torres destacó la importancia de transparentar estos procesos para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y mejorar la gobernabilidad en sectores vitales como el energético.

Próximos pasos en la investigación y expectativa pública

Se espera que en los próximos días se publiquen los informes finales y se profundice en las auditorías, permitiendo que la Fiscalía actúe conforme a los indicios encontrados y pueda iniciar procesos judiciales en caso de que se confirmen los delitos.

Asimismo, el Ministerio de Energía y otras entidades involucradas deberán revisar sus procedimientos internos y fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

La ciudadanía sigue atenta al desarrollo de este caso, que se suma a otros escándalos recientes relacionados con contratos públicos y la gestión estatal, y que pone a prueba la capacidad del Estado ecuatoriano para combatir la corrupción y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos.