Intervienen Agencia de Tránsito de Manta: “Esto no es un botín político, es un botín criminal”, dice Ministro Reimberg
Policía Nacional toma control total del tránsito en la ciudad. Se denuncian vínculos con grupos delictivos, trámites irregulares y corrupción institucionalizada.
Con una frase contundente, el ministro del Interior, John Reimberg, resumió la magnitud del problema que enfrentaba la Agencia de Tránsito de Manta:
“Esto no es un botín político, es un botín criminal (…) esto, aquí en Manta, termina hoy”.
La mañana de este miércoles 10 de julio de 2025, la Dirección Municipal de Tránsito de Manta (DMTM) fue intervenida por la Policía Nacional, que asumirá por completo la competencia de tránsito en el cantón manabita, al menos durante los próximos 30 días, mientras se realiza un proceso de depuración y reestructuración profunda.
Más de 200 policías en la operación
La operación fue ejecutada por 290 servidores policiales, de los cuales 230 están ahora asignados exclusivamente al servicio de tránsito en Manta. La intervención se llevó a cabo en simultáneo en las oficinas principales de la agencia y en centros de atención vehicular.
Según explicó Reimberg, el operativo no solo busca suspender temporalmente los servicios, sino levantar información, auditar procesos y desarticular redes delictivas que, según inteligencia policial, operaban dentro de la entidad.
Trámites irregulares, vínculos con ‘Los Choneros’ y archivos en descomposición
Durante la intervención, el ministro evidenció graves irregularidades administrativas. “Hemos salido de los archivos que parecen basureros, todo una desgracia en cartones doblados, llenos de tierra, sin ningún control”, comentó. Entre los documentos se habrían encontrado pruebas de matriculaciones fraudulentas y cambios de propietarios de vehículos provenientes de otras provincias, sin los debidos procesos legales.
Pero lo más grave, señaló, es que personas allegadas a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la banda criminal Los Choneros, trabajaban dentro de la entidad.
Reimberg reveló además que, ante el debilitamiento de ese grupo, otro grupo delictivo ya estaba intentando tomar el control de la agencia. “¿Cómo las autoridades locales lo permiten?”, cuestionó de forma tajante.
"Se acabó la corrupción"
El ministro fue enfático al declarar que esta intervención marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en instituciones públicas.
“Se acabó la corrupción, se acabó la matriculación de vehículos indebidos, el pedir dinero para cualquier trámite, se acabó alimentar la economía criminal de los grupos delictivos que son los que atentan contra los ciudadanos en Manta”, aseguró.
Además, solicitó a la Contraloría General del Estado que inicie una revisión patrimonial de los empleados de la agencia, para detectar posibles enriquecimientos ilícitos.
Etapas del proceso de intervención
La intervención en la Agencia de Tránsito de Manta fue estructurada en tres fases, de acuerdo con el plan presentado por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior:
1. Diagnóstico y coordinación
Esta etapa contempla una evaluación operativa, logística y financiera junto con organismos de control como Contraloría, SRI, ANT y Fiscalía. Su objetivo es sustentar legalmente la reversión de competencias municipales y comenzar con la depuración del sistema de registros vehiculares.
2. Intervención integral
Se instalarán equipos especializados de auditoría dentro de la institución. Se suspenden todos los procesos internos, mientras se realiza un levantamiento completo de información y se identifican responsabilidades administrativas y penales.
3. Fortalecimiento y transición
Se implementará un nuevo modelo de gestión, con funcionarios capacitados, sistemas interconectados con bases de datos nacionales y campañas de educación y transparencia ciudadana.
Manta sigue los pasos de Durán
La intervención en Manta no es un caso aislado. Solo días antes, el lunes 7 de julio, se ejecutó un operativo similar en la Agencia de Tránsito de Durán, donde también se identificaron vínculos con estructuras delictivas. En ese caso, las investigaciones apuntan al grupo liderado por Julio M., alias ‘Negro Tulio’, quien ya fue sentenciado por delincuencia organizada.
Ambos casos reflejan un patrón creciente de infiltración de mafias en entidades de control vehicular, donde la emisión de documentos oficiales, cambios de placas o eliminación de contravenciones se convertían en mecanismos de lavado de activos y financiamiento de estructuras criminales.
Reacciones ciudadanas y consecuencias
Tras conocerse la intervención, varios ciudadanos que realizaban trámites expresaron su preocupación por la suspensión temporal de los servicios. Sin embargo, muchos también mostraron respaldo a la medida.
“Si esto sirve para acabar con la corrupción y que dejen de pedirnos dinero por todo, me parece bien. Solo esperemos que no nos dejen sin placa o matrícula por meses”, dijo un conductor en los exteriores de la DMTM.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que coordinará medidas provisionales para evitar afectaciones graves a los usuarios, y que se establecerán canales de atención alternativos si el cierre se extiende.
El control del tránsito pasa al Estado
Uno de los cambios más significativos de esta intervención es que, a partir de ahora, la competencia del tránsito en Manta estará en manos de la Policía Nacional, no del Municipio.
El modelo de gestión local había sido duramente criticado en los últimos años por falta de transparencia, discrecionalidad y denuncias reiteradas de corrupción. Ahora, con el control centralizado en la fuerza pública, se espera mayor supervisión y controles cruzados.
Declaraciones finales de Reimberg
En un mensaje difundido en redes sociales, el ministro John Reimberg ratificó el compromiso del Gobierno con la lucha frontal contra las mafias:
“Como lo ofrecimos, cumplimos. Esto no es una persecución política, esto es justicia. Hoy tomamos control de una institución secuestrada por el crimen. Vamos a seguir hasta desmontar toda la estructura.”
El funcionario reiteró que este tipo de operaciones se extenderán a otras ciudades del país, donde existan indicios de infiltración criminal en entidades públicas, especialmente en áreas como tránsito, control aduanero y servicios municipales.
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