Hallan documentos falsos de tránsito en vivienda de Guayaquil: Más de 20 cantones involucrados

El hallazgo refuerza la hipótesis de una red nacional de corrupción en agencias de tránsito municipales. El Gobierno denuncia infiltración del crimen organizado y caos institucional.

Redacción Catomedia

 La corrupción en las agencias municipales de tránsito del Ecuador parece extenderse mucho más allá de los casos aislados. Así lo evidenció un nuevo hallazgo de la Policía Nacional, que localizó miles de documentos presuntamente falsificados en una vivienda ubicada en Guayaquil. El operativo, desarrollado el jueves 11 de julio, permitió identificar materiales con medidas de seguridad oficiales, sellos gráficos de varios municipios, placas vehiculares y dispositivos electrónicos para almacenamiento de datos.

Operativo en vivienda de Guayaquil revela centro de falsificación

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el inmueble fue intervenido como parte del seguimiento a la intervención de las agencias de tránsito de Durán y Manta, ocurrida días antes. La vivienda, cuya dirección no fue revelada por motivos de seguridad, funcionaba como centro de emisión de documentos fraudulentos, según las autoridades.

Entre los elementos incautados se encontraron:

• Miles de documentos con leyendas de matriculación y revisión vehicular, con aparente validez municipal.

• Soportes gráficos de múltiples Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

• Sello seco de varios municipios y placas metálicas similares a las vehiculares oficiales.

• Un CPU y un DVR de almacenamiento de video, lo que hace suponer que también se registraban las operaciones delictivas.

• Un sospechoso fue detenido en flagrancia, aunque su identidad aún no ha sido revelada.

El material incautado representa, según fuentes policiales, evidencia concreta de una red nacional de falsificación de documentos de tránsito, con potenciales vínculos a estructuras de crimen organizado.

“Caos y desorden absoluto”: Reimberg señala a los municipios

Tras el hallazgo, el ministro Reimberg se pronunció de inmediato a través de sus redes sociales:

“Como lo dije en la mañana. Está más que comprobado que muchos municipios no están preparados para la gestión del tránsito. Caos y desorden absoluto reina en estas oficinas (…) La corrupción se les acabó. Seguimos trabajando. Nada ni nadie nos detiene”.

El funcionario adjuntó fotografías del operativo, en las que se observa a agentes policiales revisando resmas de formularios oficiales firmados y sellados, almacenados en el piso de una habitación.

Según la evaluación preliminar del Ministerio del Interior, este hallazgo no es un hecho aislado. Por el contrario, confirma la existencia de una red intermunicipal donde operadores ilícitos usaban las competencias delegadas a los gobiernos locales para crear documentos falsos y alimentar economías criminales.

Más de 20 cantones vinculados

El ministro reveló una lista de al menos 24 cantones cuyas agencias de tránsito estarían implicadas en la trama, por la presencia de sus logotipos, sellos o formatos en los documentos incautados. Entre ellos se encuentran ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía:

• Quito, Ambato, Rumiñahui, Cayambe

• Manta, Chone, Puerto López, Flavio Alfaro, Tosagua

• Durán, Naranjal, Salitre, Palestina, Simón Bolívar

• Chordeleg, Chillanes, Pallatanga, Cumandá

• Muisne, Quinindé, San Vicente, Olmedo, Pedernales

El listado, explicó Reimberg, aún no es definitivo. Faltan por analizar documentos y dispositivos electrónicos incautados que podrían arrojar nuevas vinculaciones.

Una red que venía operando desde hace años

De acuerdo a las investigaciones policiales, el esquema delictivo implicaba falsificación y distribución de documentos como matrículas, revisiones técnicas, licencias de circulación, placas e incluso órdenes de cambio de propietario, muchos de ellos con aparentes elementos de seguridad y firmas oficiales. Estos documentos permitían la circulación de vehículos robados, sin papeles o con procesos judiciales pendientes.

Además, las irregularidades eran aprovechadas por bandas criminales dedicadas al narcotráfico y al sicariato, que utilizaban vehículos con “documentación limpia” para evadir controles.

El precio del trámite irregular, según testimonios de ciudadanos recogidos en operativos anteriores, podía variar entre $150 y $1.000, dependiendo del tipo de documento. Una sola operación fraudulenta a gran escala, como la detectada en Guayaquil, podría representar ganancias de cientos de miles de dólares para las organizaciones involucradas.

Conexiones con Los Choneros y otras bandas

La intervención en Manta reveló que personas cercanas a Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla del grupo criminal Los Choneros, trabajaban dentro de la agencia de tránsito de esa ciudad. En el caso de Durán, se vincula a estructuras controladas por ‘Negro Tulio’, cabecilla de otra red de crimen organizado.

Ahora, con el hallazgo en Guayaquil, se fortalece la hipótesis de una estructura más amplia, nacional, posiblemente coordinada desde varios puntos del país, que utilizaba estas oficinas públicas para financiar, lavar dinero y proteger operaciones delictivas.

Reversión de competencias: ¿una medida nacional?

Desde el Ministerio del Interior ya se analizan acciones legales para revertir la competencia de tránsito a nivel nacional. De momento, la Policía Nacional ha asumido el control del tránsito en Durán y Manta, pero Reimberg ha anticipado que más cantones podrían ser intervenidos si se detectan irregularidades similares.

Además, se ha solicitado a la Contraloría General del Estado una revisión patrimonial de los empleados de tránsito en las ciudades bajo investigación.

Por otro lado, se prevé que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implemente nuevos sistemas interconectados y auditables, que impidan la manipulación manual de registros y documentos.

Ciudadanía exige transparencia

Organizaciones civiles, expertos en movilidad y usuarios frecuentes de las agencias de tránsito han expresado su preocupación ante la magnitud del esquema de corrupción descubierto, pero también han mostrado respaldo a las medidas tomadas.

“Es indignante saber que uno paga impuestos, sigue las reglas, y otras personas están lucrando con el desorden. Pero también es alentador que por fin alguien haga algo”, opinó Carla V., conductora de transporte escolar en Guayaquil.

Sin embargo, algunos usuarios expresaron preocupación por la posible paralización de servicios y trámites represados, debido a las intervenciones. Las autoridades han asegurado que se están estableciendo medidas transitorias para no afectar a la ciudadanía honesta.

Lo que sigue: reconstrucción y judicialización

Con el hallazgo en Guayaquil y las evidencias recopiladas en Durán y Manta, la Fiscalía del Ecuador deberá iniciar procesos penales por falsificación de documentos públicos, asociación ilícita, delincuencia organizada y lavado de activos. El proceso de reconstrucción institucional será largo y complejo, pero el Gobierno ha prometido que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias.

“Esto no es simplemente un caso de corrupción administrativa. Es parte de un esquema criminal de gran escala que se sirvió del aparato estatal”, advirtió un agente investigador bajo reserva.

La promesa del Ejecutivo es clara: desmontar la red completa, desde los operadores materiales hasta quienes, por acción u omisión, permitieron que el crimen organizado se apodere del sistema de tránsito en Ecuador.