Frente Unitario de Trabajadores y Frente Popular demandan inconstitucionalidad

 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular ingresaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 10 de junio con 77 votos.

La acción fue presentada la mañana de este jueves en Quito y cuestiona varios artículos de la normativa, en especial aquellos relacionados con la intimidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y los derechos a la asociación y reunión.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, expresó su preocupación sobre los alcances de la ley: “Tememos que esto se convierta en persecución a las organizaciones y dirigentes sociales. Estamos rechazando las leyes del Gobierno”, afirmó el dirigente sindical.

La demanda incluye medidas cautelares con el objetivo de suspender provisionalmente ciertos artículos de la ley mientras se emite un pronunciamiento constitucional. El cuerpo legal en cuestión contiene 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria y cuatro derogatorias, que eliminan catorce artículos de leyes como la de Seguridad Pública y del Estado, así como de la normativa contra el lavado de activos.

Uno de los puntos más polémicos es que, con la nueva ley, los organismos de inteligencia podrían realizar interceptaciones telefónicas o abrir documentos sin necesidad de una orden judicial, como parte de operaciones encubiertas.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, anunció que en los próximos días también se presentará una demanda contra la Ley de Integridad Pública, la cual —según dijo— afectaría los derechos de trabajadores públicos, médicos, niños y adolescentes, y vulneraría el sistema de seguridad social.

En este contexto, otros sectores se han sumado al rechazo. Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), y Nery Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), confirmaron jornadas de movilización en Quito para el 11 y 16 de julio.

Los colectivos convocantes exigen que se respete la Constitución y advierten que no permitirán que se vulneren las libertades democráticas con normativas que, según ellos, abren la puerta al control y vigilancia del activismo social.