Daniel Noboa emite reglamento para la Ley de Inteligencia y crea el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
El nuevo reglamento regula procesos de inteligencia, contrainteligencia y acceso a información pública y privada.
Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 52, el presidente Daniel Noboa Azin formalizó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Inteligencia, norma que establece los procedimientos para las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país.
Uno de los principales cambios es la transformación del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entidad que asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia.
¿Qué cambia con el CNI?
El CNI será una entidad pública con rango ministerial, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Tendrá su sede en Quito.
“El CNI asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia”, establece el decreto.
Con esta medida, también se reforma el Decreto 526 del expresidente Lenín Moreno, que creó el CIES en 2018.
Acceso a información clasificada
El reglamento, que consta de 18 páginas, también especifica cómo se manejará la clasificación y desclasificación de información reservada, secreta o secretísima.
El proceso de desclasificación incluye:
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Solicitud fundamentada a la entidad rectora del sistema de inteligencia.
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Análisis y emisión de informe técnico por parte del CNI.
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Resolución de la máxima autoridad del CNI, a partir del informe.
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Reetiquetado o cambio de calificación de la información, si se aprueba la solicitud.
Requerimientos a entidades públicas y privadas
El reglamento faculta al CNI y a los subsistemas de inteligencia militar y policial a solicitar datos a:
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Entidades públicas, incluyendo acceso actualizado y permanente a sus bases de datos.
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Operadoras de telecomunicaciones, sin necesidad de orden judicial, cuando se justifique como parte de una operación de inteligencia clasificada.
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Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, si la información es necesaria para garantizar la seguridad integral del Estado.
En todos los casos, se exige justificación documentada y confidencialidad para minimizar riesgos operativos.
UAFE también podrá acceder a información
El documento también otorga a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la facultad de solicitar acceso a bases de datos públicas, previa aprobación del CNI, cuando se trate de asuntos relacionados con la seguridad del Estado.
Estas solicitudes deben ser tramitadas en un máximo de dos días.
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