Colombia responde a deportación masiva de presos desde Ecuador

Redacción Catomedia

La frontera entre Ecuador y Colombia vivió una jornada tensa la noche del viernes 25 de julio, cuando el gobierno ecuatoriano comenzó la deportación de más de 800 presos colombianos recluidos en diversas cárceles del país. Esta medida fue ejecutada sin un protocolo previo y generó una inmediata reacción de rechazo por parte del Gobierno colombiano.

Los primeros reclusos llegaron al puente internacional de Rumichaca escoltados por la Policía y el Ejército ecuatorianos. Vestían uniformes naranjas y fueron trasladados en buses desde penitenciarías de Napo, Chimborazo, Carchi, Cañar e Imbabura, según confirmó el subjefe policial de Carchi, Ricardo Manito.

Aunque en anteriores procesos de repatriación los presos debían continuar sus condenas en Colombia, esta vez quedaron exonerados de cumplir el resto de su pena en su país de origen. 

Sin embargo, la Cancillería de Colombia emitió una "enérgica protesta" y criticó el proceder del Gobierno ecuatoriano, calificando la deportación como un acto unilateral que no respetó las reiteradas solicitudes de establecer un protocolo para un traslado digno, seguro y ordenado.

Debido a la falta de coordinación, el ingreso de los presos a Colombia sufrió demoras. Según el comandante de Policía de Nariño, Pablo Galindo, algunos reclusos no tenían cédula de identidad, lo que complicó el proceso migratorio. Otros presentaban necesidades básicas no atendidas, como hambre o frío, por lo que fueron asistidos por funcionarios municipales en Ipiales.

El Gobierno colombiano desplazó a la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y un equipo interinstitucional hasta Rumichaca para acompañar el proceso y brindar apoyo humanitario.

Esta decisión del presidente Daniel Noboa se enmarca en su política de seguridad frente a la crisis penitenciaria que atraviesa Ecuador, donde las cárceles han sido señaladas como centros de operación de bandas criminales. Desde el año pasado, Noboa ordenó la repatriación de más de 3.200 presos extranjeros, la mayoría colombianos y venezolanos, como parte de su estrategia para reducir la presión sobre el sistema carcelario.

Colombia, por su parte, ha advertido que tomará acciones diplomáticas para evitar “nuevas arbitrariedades” y ha exigido a Ecuador mayor cooperación y respeto hacia sus ciudadanos.