CAL rechaza propuesta de Díaz Asque sobre consentimiento sexual

 Un proyecto rechazado por retroceder en derechos humanos

Redacción Catomedia

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó calificar el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentado por el asambleísta Santiago Díaz Asque, quien está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de violación a una menor de 12 años. La propuesta legal buscaba reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años, una medida que ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores de la sociedad y que, según un informe jurídico, contraviene los principios constitucionales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Informe jurídico advierte retrocesos en derechos

El CAL tomó la decisión de no calificar el proyecto luego de revisar el informe técnico no vinculante emitido por la Unidad de Técnica Legislativa del Parlamento. Dicho informe advirtió que la reforma promovía un retroceso en los derechos humanos, lo cual viola la Constitución del Ecuador y compromete las obligaciones internacionales del país en materia de protección a la niñez.

Según el comunicado emitido por la Asamblea Nacional, el proyecto contenía posibles vicios de inconstitucionalidad, ya que "genera un retroceso en los derechos humanos y en la protección integral de niños, niñas y adolescentes".

Contexto: una denuncia de violación y una propuesta polémica

La polémica estalló el martes de la semana anterior, cuando se hizo pública en redes sociales una denuncia contra el legislador Díaz Asque por la presunta violación de una menor de 12 años. Ese mismo día, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) —del que formaba parte el legislador— decidió expulsarlo de sus filas. La organización política, liderada por el expresidente Rafael Correa, se deslindó del accionar de su entonces militante y rechazó cualquier intento de vincular el caso con el proyecto político del movimiento.

Sin embargo, lo que aumentó aún más la indignación pública fue el hecho de que cinco días antes de que la denuncia saliera a la luz, Díaz había presentado una reforma legal ante el Legislativo para modificar el artículo 175 del COIP, con el objetivo de bajar la edad de consentimiento sexual a los 14 años. Esta coincidencia generó fuertes sospechas sobre las verdaderas motivaciones del legislador y levantó alertas sobre un posible intento de encubrir su conducta mediante una maniobra legislativa.

Mancheno: “Hay conflicto de intereses y falta de ética”

Durante la sesión del CAL realizada el miércoles, la legisladora oficialista Mishel Mancheno intervino con firmeza para rechazar la propuesta de Díaz. En su alocución, señaló que el proyecto representaba un grave conflicto de intereses y que presentarlo mientras el legislador estaba siendo investigado por un delito grave restaba legitimidad y ética a la iniciativa.

"Calificar este proyecto sería equivalente a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave, que pretende usar a la Asamblea Nacional para evadir sus responsabilidades", expresó Mancheno, quien también pidió al CAL actuar con responsabilidad institucional y sensibilidad frente a la gravedad del caso.

Investigación fiscal y operativo policial

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación formal contra Díaz Asque por el presunto delito de violación. La semana pasada se realizaron tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Quito, en los que la Policía Nacional confiscó documentos, dispositivos electrónicos y ocho teléfonos celulares con el fin de recabar elementos que sirvan como evidencia en el caso.

Las investigaciones están avanzando bajo un fuerte hermetismo, pero fuentes vinculadas al caso confirmaron que el expediente está siendo manejado con prioridad, debido a la gravedad del delito imputado y a la posible implicación de un legislador en funciones.

Díaz, prófugo y buscado por la justicia

Desde que la denuncia salió a la luz, Santiago Díaz Asque permanece en paradero desconocido. El Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior, confirmó el domingo que se ha emitido una alerta internacional para su localización, y que se sospecha que el legislador está intentando salir del país.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció públicamente que el Estado ecuatoriano ofrece una recompensa de 100.000 dólares a cualquier persona que proporcione información veraz y verificable sobre el paradero del legislador, con el fin de garantizar que comparezca ante la justicia.

"Tenemos información de que el ciudadano Díaz está haciendo todo lo posible por abandonar el país. Estamos activando todos los mecanismos nacionales e internacionales para impedirlo", declaró Reimberg en rueda de prensa.

Reacciones en redes y opinión pública

La propuesta de reforma y la denuncia en contra de Díaz han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde activistas, juristas, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos han expresado su indignación por el intento de modificar la legislación penal a favor de una reducción tan drástica en la edad de consentimiento.

"Esto no es una coincidencia, es una estrategia para justificar lo injustificable", escribió una usuaria en X (antes Twitter). Otros señalaron que el intento de Díaz configura un abuso del poder legislativo para intereses personales y que el caso debe marcar un precedente en la lucha contra la impunidad.

El contexto legal de la edad de consentimiento

En Ecuador, la legislación actual establece que la edad mínima de consentimiento sexual es de 18 años, en coherencia con el principio constitucional del interés superior del niño y con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Modificar esta edad implicaría no solo un cambio jurídico, sino también un impacto directo en la protección de la infancia, ya que abriría la puerta a relaciones sexuales con adolescentes menores de edad, lo cual es considerado por múltiples organismos como un acto de explotación y abuso.

Una crisis ética en la Asamblea

El caso de Díaz ha reabierto el debate sobre la ética en la función pública, así como sobre los mecanismos que permiten a personas investigadas por delitos graves mantenerse en funciones o utilizar sus cargos para impulsar agendas personales. Aunque la Asamblea ha actuado rápidamente para rechazar el proyecto, sectores sociales han pedido una revisión profunda del sistema de filtros internos del Legislativo, así como la creación de protocolos más estrictos para evitar que se presenten iniciativas que atenten contra los derechos fundamentales.

Rechazo unánime y búsqueda activa

El rechazo del CAL al proyecto de Díaz Asque es un paso importante para proteger la integridad legal del país, pero la investigación judicial continúa. Las autoridades han dejado claro que el legislador debe responder ante la justicia y que no se permitirá que se utilicen espacios legislativos para encubrir delitos.

Mientras tanto, organizaciones de protección a la infancia, movimientos feministas y defensores de derechos humanos mantienen su exigencia de justicia y reparación para la víctima. El caso sigue en desarrollo, y el paradero de Santiago Díaz Asque continúa siendo desconocido, aunque las autoridades insisten en que no cesarán en su búsqueda hasta encontrarlo y llevarlo ante la justicia.