Asamblea aprobó Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas

El Ejecutivo plantea reactivar las zonas protegidas tomadas por el crimen, pero organizaciones ambientales y actores políticos advierten riesgos para los ecosistemas y los pueblos indígenas.

Redacción Catomedia

En una nueva apuesta legislativa del Gobierno ecuatoriano, la Asamblea Nacional aprobó este viernes 11 de julio la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, con 80 votos a favor de un total de 109 asambleístas presentes. El proyecto, enviado con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, busca intervenir territorios que, pese a su denominación legal como áreas protegidas, han sido ocupados por grupos criminales y actividades ilegales.

La iniciativa, respaldada principalmente por el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, forma parte del plan del Ejecutivo para ordenar, custodiar y reactivar económicamente estos territorios, en un intento por combinarlos con el desarrollo local y la seguridad nacional.

¿Qué plantea la ley?

El texto legal apunta a una transformación integral en la gestión de las áreas protegidas del país. Sus principales pilares son:

• Ordenamiento y protección de zonas vulnerables ante la presencia del crimen organizado.

• Fomento a la inversión pública y privada en actividades económicas sustentables dentro o en los alrededores de estas áreas.

• Desarrollo de iniciativas ecoturísticas que generen empleo en las comunidades locales.

• Presencia policial y militar en perímetros de áreas protegidas para garantizar seguridad.

• Remisión del 100% de cánones vencidos de arrendamiento, intereses y multas en infraestructura de puertos artesanales, para estimular la pesca artesanal.

El Gobierno afirma que estas medidas ayudarán a combatir la economía ilegal, impulsar el desarrollo territorial y proteger la biodiversidad, todo bajo esquemas de gobernanza ambiental más sólidos y modernos.

¿Qué dice el Ejecutivo?

La ley, calificada como una de las prioridades de Daniel Noboa en su agenda legislativa, es la tercera propuesta urgente en materia económica enviada por el presidente desde que asumió el poder.

Para el Ejecutivo, la presencia de grupos delictivos en áreas protegidas es una realidad creciente, y es urgente recuperar el control estatal sobre estas zonas. La normativa también facilitaría la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de fortalecer el rol de los guardaparques, quienes actualmente operan en condiciones de riesgo y con recursos limitados.

Uno de los objetivos centrales es detonar inversiones que permitan generar empleo y diversificar las economías rurales, especialmente mediante iniciativas de turismo sostenible, conservación y servicios ambientales.

Críticas desde el ambientalismo y pueblos indígenas

Sin embargo, no todo es respaldo. La aprobación del proyecto ha encendido alertas en sectores ambientalistas, organizaciones indígenas y grupos opositores.

Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la ausencia de mecanismos claros de consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas asentadas en territorios adyacentes o dentro de áreas protegidas. Aunque el último borrador del proyecto eliminó dos párrafos que sugerían que las empresas serían las responsables de llevar a cabo las consultas —algo inconstitucional—, la omisión de una estructura sólida para garantizar estos derechos colectivos sigue siendo una preocupación central.

Gustavo Redín, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), calificó la ley como “muy ambigua” y con vacíos legales peligrosos. En sus palabras:

“Sin un estudio ambiental adecuado no puedes mover un dedo. Y este debe incluir un plan de manejo y remediación. No lo vemos en la norma. Falta control, falta claridad y sobran riesgos.”

También recordó el caso del sapo del valle de Íntag, una especie descubierta en medio de un intento de concesión minera, que fue paralizado por la justicia gracias al reclamo ciudadano. “¿Qué pasaría si, bajo esta nueva ley, ese mismo proyecto se planteara como ecoturismo, pero sin los mecanismos adecuados de protección?”, se preguntó Redín.

¿Privatización encubierta?

El bloque de Pachakutik fue uno de los más críticos en el debate. Advirtió que esta ley podría ser la antesala a una privatización encubierta de áreas protegidas, disfrazada de inversión y reactivación económica.

Durante el primer debate, asambleístas de esta bancada señalaron que la norma “abre la puerta al ingreso de capital privado en territorios sensibles sin un verdadero control del Estado ni respeto a la soberanía ambiental o ancestral”.

Aunque el Gobierno ha descartado intenciones de privatizar estos espacios, el articulado no establece límites claros al tipo de inversión ni detalla cómo se regularán las concesiones privadas, lo que genera inquietudes.

Seguridad y medioambiente: una alianza compleja

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la propuesta de militarizar las zonas protegidas para enfrentar la criminalidad, un fenómeno real y creciente en lugares como Reserva de El Arenal, la Amazonía ecuatoriana o el Parque Nacional Yasuní, donde se han detectado operaciones de minería ilegal y tráfico de drogas.

La presencia militar, sin embargo, plantea un debate ético y ambiental, pues algunas organizaciones señalan que puede implicar violaciones a derechos colectivos y ambientales, especialmente si no se acompaña de protocolos de control ambiental, vigilancia participativa y justicia comunitaria.

¿Y la biodiversidad?

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con 70 áreas protegidas que cubren cerca del 20% del territorio nacional. Según expertos, la aprobación de esta ley, sin mecanismos de evaluación de impacto ambiental rigurosos, podría poner en riesgo ecosistemas únicos y especies endémicas.

En este punto, varios especialistas recalcan que la protección ambiental no debe subordinarse a la lógica de inversión o seguridad, sino integrarse a políticas sostenibles y respetuosas con los derechos de la naturaleza, como los reconoce la propia Constitución ecuatoriana.

¿Qué viene ahora?

Tras su aprobación, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas deberá ser promulgada por el Ejecutivo. Luego, el Ministerio del Ambiente deberá emitir reglamentos y normativas técnicas para su aplicación.

Se espera que en las próximas semanas se establezca una hoja de ruta para:

• Identificar las áreas prioritarias para intervención estatal.

• Diseñar los protocolos de seguridad con las fuerzas del orden.

• Definir mecanismos de participación ciudadana y control social.

• Implementar proyectos piloto de inversión público-privada.

• Garantizar el respeto a los derechos colectivos de pueblos indígenas