Allanan empresa por revender diésel subsidiado a consumidores no autorizados

 

La operación forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada. La trama tendría vínculos con el caso Triple A y con exfuncionarios de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos.

Redacción Catomedia

Guayas y El Oro fueron escenario de varios allanamientos simultáneos ejecutados en la madrugada del viernes 4 de julio, como parte de una investigación liderada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. El caso apunta a una red que habría comprado diésel subsidiado, destinado al sector industrial camaronero, para revenderlo ilegalmente a consumidores no autorizados, lo que constituye un grave perjuicio económico para el Estado.

Investigación por presunta delincuencia organizada

De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura estaría conformada por los accionistas y exaccionistas de una empresa comercializadora de hidrocarburos, cuyos nombres no fueron revelados oficialmente, pero cuyos domicilios y oficinas fueron intervenidos durante el operativo.

Según la hipótesis fiscal, el objetivo de la organización habría sido obtener beneficio económico revendiendo combustible subsidiado, aprovechándose de los diferenciales de precio entre los sectores productivos y el mercado libre. Esta actividad constituiría una violación directa a la normativa sobre comercialización de combustibles y un uso fraudulento del subsidio estatal.

Exfuncionarios de la ARCH involucrados

Un dato que agrava la situación, según la Fiscalía, es que los propietarios de la empresa investigada serían exfuncionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), algunos de ellos incluso familiares entre sí. La implicación de extrabajadores del organismo regulador sugiere un posible abuso de información privilegiada y tráfico de influencias, lo que abriría otra línea de investigación por delitos contra la administración pública.

La ARCH fue la institución que originalmente levantó las primeras alertas sobre posibles irregularidades en el volumen de combustible despachado por Petroecuador frente al volumen que realmente fue comercializado por ciertas empresas.

Vínculos con el caso Triple A

La Fiscalía también informó que la red ahora investigada tendría conexiones con el denominado “caso Triple A”, una investigación previa sobre presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, que se originó tras una denuncia presentada por la coordinadora zonal del Guayas de la ARCH.

En esa denuncia, se detallaban discrepancias graves entre los datos de despacho oficial de combustibles y las ventas reportadas por al menos seis empresas privadas, lo cual motivó un seguimiento financiero y tributario, así como la trazabilidad de los movimientos de combustible a nivel nacional.

El caso Triple A ha cobrado notoriedad no solo por el presunto desvío de combustibles, sino también por los nombres que figuran entre los investigados.

Empresas y nombres bajo la lupa

Entre las personas naturales investigadas en el marco de este caso se encuentran:

• Fernando V. H.

• Ricardo C. A.

• Carolina T. C.

• Jessenia V. O.

• Lady C. T.

• Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil

• Raúl Z. O.

• Juan A. S.

• Fausto V. S.

• Édgar F. T.

• Édgar C. A.

• Carlos A. T.

• Gloria S. S.

• Rosa O. G.

• María C. E.

• Olga O. L.

Asimismo, están siendo investigadas las siguientes personas jurídicas:

• Fuelcorp S. A.

• Codepesa S. A.

• Corpalubri S. A.

• Ternape Petroleum S. A.

• Indudiesel S. A.

• Harsajudi S. A.

Las autoridades no han confirmado aún si existen órdenes de detención en curso, pero sí han indicado que las evidencias recolectadas durante los allanamientos –documentación contable, dispositivos electrónicos, facturas de distribución, entre otros– serán analizadas para sustentar la hipótesis de delincuencia organizada, peculado y tráfico ilícito de hidrocarburos.

Un perjuicio al Estado aún sin dimensionar

Uno de los elementos más graves del caso es el impacto económico para el Estado ecuatoriano, el cual todavía no ha sido cuantificado oficialmente, pero que podría implicar millones de dólares en subsidios desviados.

El precio del diésel subsidiado para sectores como el camaronero es mucho menor al precio de venta libre. Al revender este combustible a consumidores no autorizados —como flotas de transporte, empresas agrícolas u otros sectores— los implicados habrían obtenido un margen de ganancia ilegal aprovechando la política estatal de subsidios.

¿Cómo funcionaba el presunto esquema?

Aunque el expediente está bajo reserva, fuentes cercanas al proceso indicaron que el modus operandi incluiría el uso de guías de despacho adulteradas, facturas falsas, triangulación entre empresas relacionadas y uso de terceros como intermediarios, todo con el fin de ocultar la verdadera trazabilidad del combustible.

Se sospecha que algunas de las empresas investigadas habrían sido creadas exclusivamente para operar como fachadas legales, permitiendo canalizar y justificar las transacciones ante los entes reguladores y entidades bancarias.

Un llamado a la transparencia en la distribución de combustibles

Este nuevo caso refuerza la necesidad de modernizar los sistemas de control sobre la distribución de combustibles en Ecuador, así como la implementación de mecanismos digitales de trazabilidad, tal como lo han recomendado organismos de control en informes anteriores.

El uso de subsidios en el país —particularmente en el caso de los combustibles— sigue siendo una fuente de distorsiones, corrupción y evasión, que perjudican tanto a las arcas fiscales como a los sectores que sí requieren del apoyo estatal para sostener su producción.

Reacciones y expectativas

Hasta el momento, ni la Agencia de Regulación de Hidrocarburos ni Petroecuador han emitido un pronunciamiento oficial sobre los recientes allanamientos. Tampoco se ha conocido una declaración formal del alcalde Aquiles Alvarez, quien figura entre los investigados.

Desde la Fiscalía, se ha enfatizado que todas las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia, y que la investigación se encuentra en etapa de indagación previa.